1. Tribunal del Jurado
El artículo 125 de la Constitución española prevé que los ciudadanos puedan participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado.

El procedimiento ante el Tribunal del Jurado tiene una tramitación especial, con numerosas singularidades procesales que lo diferencian del proceso penal ordinario, y está regulado por la Ley Orgánica, 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

El enjuiciamiento por un tribunal popular está previsto para un determinado tipo de delitos, en concreto, según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado: homicidio, asesinato, amenazas condicionales, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de presos.

Gimbernat Estudio Jurídico está especializado en ejercer la defensa y acusación en este tipo de procedimiento especial.

2. Derecho penal militar
La Justicia penal militar es una jurisdicción especial, en la que se investigan y enjuician infracciones que constituyen delitos militares, cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

Ejercemos la defensa ante una imputación o acusación ante los juzgados togados o tribunales militares, y la representación como acusación particular.

3. Responsabilidad penal de menores
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho, por la comisión de hechos tipificados como delitos o delitos leves en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

El procedimiento ante la jurisdicción de menores es especial y cuenta con particularidades respecto de la jurisdicción penal ordinaria, siendo competente para la investigación de los hechos, la Fiscalía de Menores.

En Gimbernat Estudio Jurídico prestamos servicios jurídicos para dirigir la defensa tanto en sede policial, como ante el fiscal instructor, los juzgados de menores y Juzgado Central de Menores (de la Audiencia Nacional), las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en relación con infracciones cometidas por menores; y la representación como acusación particular.